La privacidad y la seguridad en Internet podrían  encontrarse muy pronto bajo control internacional. El próximo 27 de  febrero en la ciudad Suiza de Ginebra se iniciará una negociación  diplomática que podría llevar a un nuevo tratado que daría a la ONU  poderes sin precedentes en Internet.
En caso de ser aceptada, la  propuesta acabaría con la Regulación de las Telecomunicaciones  Internacionales, que está en vigor desde 1988, cuando 114 Estados  firmaron el acuerdo en Australia con el fin de facilitar la  interconexión y la interoperabilidad global de la infraestructura de  telecomunicaciones, y promover la eficacia y la disponibilidad de los  servicios de telecomunicaciones internacionales.
Según reitera el diario norteamericano 'The Wall Street Journal',  la medida se debe a que actualmente muchos regímenes se sienten  amenazados por los opositores que pueden contar con una red en su  búsqueda de una vida política libre y abierta, por lo que decenas de  países están presionando a la organización para renegociar el tratado  para antes de finales de 2012.
Medidas 'escalofriantes'
El  periódico enumera solo algunas de las propuestas que califica de  "escalofriantes" y que podrían ser aprobadas en la conferencia planeada  en Dubái, Emiratos Árabes, en diciembre de este año.
Así, el  acuerdo permitiría a las empresas extranjeras de telefonía cobrar por el  tráfico ‘internacional’ de Internet, tal vez incluso por cada clic en  ciertas web, con el objetivo de generar ingresos para las compañías de  telefonía estatales y arcas públicas.
Además, el tratado  impondría unas regulaciones económicas sin precedentes, como las  instrucciones relativas a las tarifas, términos y condiciones para el  tráfico, actualmente sin regular.
Entre otras medidas también se  prevé establecer por primera vez entidades de gestión de la Red, tales  como la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet,  un organismo sin ánimo de lucro que coordinaría todas las direcciones  de Internet del mundo.
Hace poco más de un mes, los  representantes de 22 países de la Unión Europea firmaron en la ciudad de  Tokio el Acuerdo Comercial contra las Falsificaciones (ACTA, por sus  siglas en inglés), que propone fijar la protección de la propiedad  intelectual a nivel internacional y supone multas e incluso  encarcelamiento por infracciones. El hecho conmovió a la comunidad  internacional hasta tal punto que varios Gobiernos incluso tuvieron que  anunciar la paralización del proceso de ratificación.       
 

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