El Gobierno de Mariano Rajoy no prorrogó el programa de ayuda económica a
los cubanos 'exiliados' en España y ya se ha ido un tercio de los 115
"ex presos políticos", llegados durante los dos últimos años con más de
600 familiares. La mayoría opta por los Estados Unidos
Varios
familiares de disidentes han optado, incluso, por regresar a Cuba, una
vía a la que no se pueden acoger los excarcelados por impedimento del
Gobierno cubano.
De las 767 personas acogidas entre el 13 de julio de 2010 y abril del pasado año, son 34 'disidentes' y unos 185 familiares los que han optado por exiliarse fuera de España.
El principal desencadenante ha sido la crisis económica, unida a la decisión del Gobierno del PP de no estirar el programa de integración que acordó el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, del anterior Ejecutivo, a causa de los recortes presupuestarios.
El plan de acogida, coordinado por las organizaciones Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) CEAR y Accem, era de un año de duración, prorrogable a seis meses. Consistía en el alquiler de vivienda (unos 700 euros), manutención (180 euros por cada miembro de la familia), escolarización, abono transporte y asistencia médica.
El programa ha tenido un coste para el Gobierno de unos 13 millones de euros, según han dicho algunas fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
De las 767 personas acogidas entre el 13 de julio de 2010 y abril del pasado año, son 34 'disidentes' y unos 185 familiares los que han optado por exiliarse fuera de España.
El principal desencadenante ha sido la crisis económica, unida a la decisión del Gobierno del PP de no estirar el programa de integración que acordó el ex ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, del anterior Ejecutivo, a causa de los recortes presupuestarios.
El plan de acogida, coordinado por las organizaciones Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) CEAR y Accem, era de un año de duración, prorrogable a seis meses. Consistía en el alquiler de vivienda (unos 700 euros), manutención (180 euros por cada miembro de la familia), escolarización, abono transporte y asistencia médica.
El programa ha tenido un coste para el Gobierno de unos 13 millones de euros, según han dicho algunas fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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