Kaos./ Toda la trama sobre la “segunda vuelta electoral”, y la supuesta “crisis” en la Alianza de gobierno, quedó completamente desvelada con lo actuado por los diputados oficialistas, el jueves 2 de junio del presente, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, cuando rechazaron en primer debate algunas de las tímidas y moderadas reformas propuestas por la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE).
El rechazo a esas reformas fue producto de un acuerdo entre los diputados de “Cambio Democrático” y panameñistas, que habían aparentado “diferencias” hasta ese momento. Los diputados del PRD no se presentaron, pero tampoco han condenado el rechazo de esas reformas.
El objetivo antidemocrático de ese rechazo quedó patentado en las palabras del presidente de esa comisión, Hernán Delgado, quien argumentó que quieren evitar “la proliferación de partidos”. Traducido a un lenguaje directo significa que los partidos que controlan el poder político no quieren que surjan otros partidos políticos que les cuestionen y pongan en jaque su monopolio absoluto del poder.
Esas palabras y esos hechos, en el momento en que diversos sectores sociales provenientes del movimiento obrero, popular y de la sociedad civil han expresado su deseo de participar con propuestas nuevas en un sistema político electoral que hasta ahora les ha excluido con medidas discriminatorias del actual Código Electoral; y en un momento en que un gran sector de la ciudadanía ha expresado de diversas maneras su desencanto de los partidos políticos que controlan los Órganos del Estado haciendo sentir un claro deseo de cambio que sienten burlado; deben ser consideradas como un golpe de Estado técnico a la maltrecha democracia panameña.
El juego está claro. Pareciera que la intención del presidente Ricardo Martinelli, sus aliados de gobierno y de la “mal llamada oposición” es que, en 2014, sólo puedan participar tres partidos políticos: Cambio Democrático, el PRD y el Panameñista. El sueño de Martinelli y su camarilla es que la elección se dirima entre el CD y el PRD, forzando a los panameñistas a inclinarse por uno de los dos. En este contexto, la gran maniobra tiene un solo objetivo: las reformas constitucionales y electorales propuestas en 2011 –tres años antes de las elecciones de 2014- se explican en el marco del golpe que se pretende dar para reelegirse.
¿Para qué quieren seguir controlando el monopolio del poder ese grupito de los “mismos políticos de siempre”? Para seguir haciéndose más millonarios gracias al asalto sistemático del erario público y sus cuestionadas contrataciones.
En ese golpe de estado técnico, por el cual se cierra el círculo del poder, son cómplices por acción u omisión las cúpulas de los partidos oligárquicos del Panameñismo y el PRD. Todos ellos son los mismos que vienen detentando el poder desde hace 20 años y que han hecho el Código Electoral más antidemocrático de América Latina.
Todo el sistema electoral panameño está viciado y se basa en la corrupción, que inicia con la compra de firmas y de votos por parte de los partidos oligárquicos, hasta las campañas multimillonarias en las que sólo pueden participar los empresarios o los que trabajan para los grupos económicos dominantes a cambio de contrataciones públicas.
El Partido Alternativa Popular sigue sosteniendo, como lo hizo en las Comisión de Gobierno de la Asamblea, como en la CNRE, la necesidad de democratizar la participación electoral a nuevos partidos políticos y a ciudadanos/as independientes, reduciendo la excesiva cuota de adherentes que se exige. También hay que erradicar la influencia del capital monetario como actor central de la política panameña.
El golpe de Estado técnico que anuncia el gobierno del presidente Martinelli exige del conjunto de la sociedad panameña, tanto de los sectores organizados de los trabajadores comode la sociedad civil , de los gremios profesionales y los movimientos sociales, un rechazo urgente y una movilización popular para que no se imponga este nuevo atentado a las libertades democráticas en Panamá.
