JORGE LEWINGER / TELAM – El canciller argentino, Héctor Timerman, aseguró que el reingreso de Honduras a la OEA “no es una carta blanca que se le dio” al gobierno de Porfirio Lobo, y reiteró que “es necesario el juicio y castigo a todos los que intervinieron en el golpe de Estado” en ese país. (foto)
“Dentro del acuerdo que firmaron el ex presidente (Manuel) Zelaya y el actual, Lobo, uno de los cuatro puntos es una condición para que se investiguen las responsabilidades durante el último golpe. Nosotros esperamos que esto se realice”, afirmó el ministro en una entrevista que concedió a Télam durante su participación en la 41ma. Asamblea General de la OEA en San Salvador.
Y agregó: “También estamos preocupados por la situación actual de los derechos humanos en Honduras, que ha sido investigada y muy criticada por distintas organizaciones, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.”
“Hay cerca de 11 periodistas que han sido asesinados desde el golpe de Estado (28 de junio de 2009) a la fecha; una situación inusual y única en el continente, que también afectó a dirigentes campesinos y de gremios como el de los maestros”, dijo.
Consultado por la presencia en un alto cargo del gobierno hondureño del ex jefe de las fuerzas armadas Romeo Vásquez Velásquez, que encabezó la asonada de 2009, dijo que la Argentina acepta “el acuerdo de los dos dirigentes hondureños (Zelaya y Lobo), pero no renuncia a seguir insistiendo en la investigación y castigo a los culpables, especialmente a quienes ejecutaron el golpe de Estado”.
“Lo hacemos en defensa de toda América latina, para impedir que se produzcan nuevos episodios. Ya hemos visto que en Ecuador también hubo un intento frustrado de derrocamiento del presidente Rafael Correa”, advirtió.
Aclaró que, a diferencia de Ecuador, único país que votó en contra de la reincorporación de Honduras a la OEA, “nosotros abrimos una ventana de oportunidad, vamos a ver si la toman: no es una carta blanca la que se le dio, es un convenio firmado que deben respetar. Si no lo hacen así, volveremos sobre el tema todas las veces que haga falta”.
Consultado por el surgimiento de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), explicó que “el retorno de los países de la región a sistemas democráticos ha permitido la creación de nuevos organismos políticos de vinculación”.
En un continente, dijo, donde “antes se priorizaba en las reuniones multilaterales las cuestiones de los ejércitos o el tema de la seguridad, en los últimos años se ha dado prioridad a la política, a la integración política, económica y social; por lo tanto se ha creado el Mercosur y la Unasur” (Unión de Naciones Suramericanas).
Frente a la actual reunión de la OEA, que retoma el tema de la seguridad, Timerman estableció diferencias: se ha vuelto sobre esa cuestión “pero con la prioridad sobre los derechos humanos y el control civil de la seguridad, un tema que evidentemente preocupa”, explicó.
“Lo que queda muy claro, por lo menos para Argentina, es que cada país debe decidir sobre sus propias fuerzas de seguridad y policiales en base a su legislación, y que no puede haber hegemonía de ningún otro país, ni en el entrenamiento ni en el control de esas fuerzas”, enfatizó.
En ese marco el ministro también ubicó la reciente presencia de la Celac, que, a su juicio, “va a ser un lugar de debate distinto, novedoso, siempre pensando que la existencia de estos ámbitos evita que los conflictos entre los países miembros lleguen a instancias que luego son difíciles de superar”.
“El mejor ejemplo de los últimos tiempos ha sido el acuerdo de Colombia con Venezuela (para restablecer sus relaciones) donde el ex presidente Néstor Kirchner tuvo un rol muy importante y hoy en día es un símbolo de lo que significan estos organismo”, destacó.
Respecto de las sanciones que incorporó la Unasur luego de la asonada de Ecuador, para los casos de rompimiento del estado de derecho, el canciller dijo que, en base a esa actualización, “hay algunos países que están buscando la reforma de la Carta Democrática de la OEA para adaptarla a las nuevas experiencias”.
Pero reconoció que es “un debate abierto, democrático, y donde lo que se debe privilegiar es la defensa de las instituciones democráticas”.
Por último, Timerman señaló que para la Argentina está muy clara la diferencia entre la seguridad y la defensa nacional: “son dos temas y organizaciones distintas; en lo único que pueden coincidir es que ambos deben estar en manos del poder civil, del poder político”, y recordó que la legislación del país prohíbe a las fuerzas armadas actuar sobre la seguridad interior o hacer inteligencia interior”.
