Por falta de garantías, se confirmó este jueves la ausencia de la ex senadora colombiana, Piedad Córdoba, a la audiencia del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien comparecerá ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el escándalo de las intercepciones ilegales y espionaje del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), mejor conocido como las chuzadas, contra personalidades públicas durante su Gobierno.(foto)
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| Piedad Córdoba |
Luis Guillermo Pérez, abogado de Córdoba, pidió garantías para las víctimas y que se pueda interrogar esta tarde al ex mandatario.
"Cómo pueden juzgar al ex presidente si no cuentan con los expedientes de los procesos, que por este mismo caso, cursan en otros tribunales", señaló Pérez, quien destacó la necesidad de “que los representantes tengan el conocimiento necesario de lo que obra en los procesos penales", aseguró.
Asimismo, sostuvo que "nos interesa que el ex presidente al momento de ser interrogado por esa comisión cuente con todos los elementos".
"Si no se hace la transferencia de los documentos nos quedaría lo que pidió el representante Yahir Acuña de acudir a la Corte Penal internacional que es lo que no queremos (...) queremos que funcione la justicia colombiana y no tener que acudir a la Corte Penal Internacional, pero pedimos que se den las garantías", reiteró.
"Cómo pueden juzgar al ex presidente si no cuentan con los expedientes de los procesos, que por este mismo caso, cursan en otros tribunales", señaló Pérez, quien destacó la necesidad de “que los representantes tengan el conocimiento necesario de lo que obra en los procesos penales", aseguró.
Asimismo, sostuvo que "nos interesa que el ex presidente al momento de ser interrogado por esa comisión cuente con todos los elementos".
"Si no se hace la transferencia de los documentos nos quedaría lo que pidió el representante Yahir Acuña de acudir a la Corte Penal internacional que es lo que no queremos (...) queremos que funcione la justicia colombiana y no tener que acudir a la Corte Penal Internacional, pero pedimos que se den las garantías", reiteró.
La corresponsal de teleSUR en Bogotá, Angie Camacho, indicó este jueves que Piedad Córdoba, “quien debería acudir en calidad de víctimas por las interceptaciones ilegales no contó con las garantías suficientes: uno porque fue notificada de manera tardía, pero además no tendrá la posibilidad de hacer uso de su derecho de contra-interrogar al ex presidente” Uribe, hecho que es considerado como una estrategia.
Por su parte, el representante de la Comisión inter-eclesial de Justicia y Paz, Danilo Rueda, opinó que la decisión tomada por el abogado y la ex senadora de no asistir a la audiencia “es coherente con este momento político”.
“No hay plenas garantías y lo único que se ha generado es una posibilidad mediática de que algunos hechos que han sido ocultados puedan ser conocidos por la opinión pública”, pero en este sentido, “es posible que Álvaro Uribe Vélez tenga una estrategia de encubrimiento de su responsabilidad en esta operación criminal” que se desarrolló a través del Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente de la Presidencia.
Rueda asomó la posibilidad de que el ex gobernante (2002-2010) pueda victimizarse, más que la propias víctimas, porque Uribe “es una persona muy hábil y su estrategia le ha resultado de tiempo atrás cuando fue presidente durante ocho años de gobierno”.
Asimismo, indicó que la interpelación se presenta como una oportunidad de que haya un esclarecimiento sobre las chuzadas “que se posibilite una sanción ética y política del ex presidente (...), pero también vemos la posibilidad de que esto sea un simulacro del desarrollo de un supuesto debido proceso”.
Finalmente, indicó que la Cámara de Representantes es conocida por los colombianos como “la Cámara que absuelve a todos los sectores de poder político que han cometido graves violaciones de los derechos humanos o actos contra la moralidad pública”.
El DAS, es un organismo que depende de la Presidencia de la República y se enfrenta a un proceso indagatorio por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a las diferentes denuncias de magistrados, periodistas, defensores de los derechos humanos y senadores opositores al gobierno del ex presidente Uribe, quienes aseguran haber sido víctimas de interceptaciones telefónicas ilegales y seguimientos.
Por el escándalo del DAS, que se desató en 2009, están condenados el ex jefe de Contrainteligencia del DAS Jorge Alberto Lagos y el también ex director de Inteligencia del mismo organismo, Fernando Tabares.
En octubre de 2010, la justicia sentenció a Lagos a ocho años de prisión y dos meses después, en diciembre de ese año, impuso a Tabares una condena de ocho años y cuatro meses.
Además, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó y destituyó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
Por su parte, el representante de la Comisión inter-eclesial de Justicia y Paz, Danilo Rueda, opinó que la decisión tomada por el abogado y la ex senadora de no asistir a la audiencia “es coherente con este momento político”.
“No hay plenas garantías y lo único que se ha generado es una posibilidad mediática de que algunos hechos que han sido ocultados puedan ser conocidos por la opinión pública”, pero en este sentido, “es posible que Álvaro Uribe Vélez tenga una estrategia de encubrimiento de su responsabilidad en esta operación criminal” que se desarrolló a través del Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente de la Presidencia.
Rueda asomó la posibilidad de que el ex gobernante (2002-2010) pueda victimizarse, más que la propias víctimas, porque Uribe “es una persona muy hábil y su estrategia le ha resultado de tiempo atrás cuando fue presidente durante ocho años de gobierno”.
Asimismo, indicó que la interpelación se presenta como una oportunidad de que haya un esclarecimiento sobre las chuzadas “que se posibilite una sanción ética y política del ex presidente (...), pero también vemos la posibilidad de que esto sea un simulacro del desarrollo de un supuesto debido proceso”.
Finalmente, indicó que la Cámara de Representantes es conocida por los colombianos como “la Cámara que absuelve a todos los sectores de poder político que han cometido graves violaciones de los derechos humanos o actos contra la moralidad pública”.
El DAS, es un organismo que depende de la Presidencia de la República y se enfrenta a un proceso indagatorio por parte de la Procuraduría General de la Nación debido a las diferentes denuncias de magistrados, periodistas, defensores de los derechos humanos y senadores opositores al gobierno del ex presidente Uribe, quienes aseguran haber sido víctimas de interceptaciones telefónicas ilegales y seguimientos.
Por el escándalo del DAS, que se desató en 2009, están condenados el ex jefe de Contrainteligencia del DAS Jorge Alberto Lagos y el también ex director de Inteligencia del mismo organismo, Fernando Tabares.
En octubre de 2010, la justicia sentenció a Lagos a ocho años de prisión y dos meses después, en diciembre de ese año, impuso a Tabares una condena de ocho años y cuatro meses.
Además, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó y destituyó por 18 años para ejercer cargos públicos al ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno.
