Equipo
ES. Santiago. 12/015. Parlamentarios y dirigentes políticos chilenos
llegarán a vigilar y emitir juicios sobre el proceso interno del país
latinoamericano. Activan acciones en contra del Gobierno venezolano en
coordinación con grupos de otros países.
Un grupo de parlamentarios democratacristianos,
socialdemócratas y de derecha de Chile, Uruguay y Argentina, viajarán a
Venezuela el 6 de diciembre, para montar un informal y extra-institucional
sistema de vigilancia del proceso electoral interno venezolano. A ellos se
sumarán legisladores conservadores de Estados Unidos que ya firmaron una carta
junto a colegas latinoamericanos exigiendo al Gobierno de Nicolás Maduro que
acepte “la observación” de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la
Unión Europea (UE) de los comicios venezolanos.
En el
caso de Chile, el plan es promovido por personeros de la Democracia Cristiana y
del Partido por la Democracia, principalmente, que son reconocidos críticos del
proceso político bolivariano que se desarrolla en Venezuela.
Junto a
los chilenos de la DC y el PPD -aunque se podrían integrar de otros partidos-
que viajarán a Venezuela a vigilar las elecciones, irán representantes del
conservador partido Propuesta Republicana (PRO), ligado a la derecha que lidera
Mauricio Macri, recién elegido Presidente de Argentina, y de organizaciones de
centro y de derecha de Uruguay. También serán parte de ese grupo congresistas
de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos y de otras
organizaciones de la derecha de América Latina.
Todos
serán recibidos, asesorados y protegidos por la coalición derechista Mesa de la
Unidad Democrática (MUD). Una idea central es visitar, sin autorización ni
mandato oficial, mesas de votación, zonas urbanas y rurales y medios de prensa,
para denunciar un supuesto fraude electoral, expresar cuestionamientos al
Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y seguir con las críticas al
Gobierno de Maduro. Representantes de la DC, el PPD, la Unión Demócrata
Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), trabajarán el 6 de diciembre y
probablemente días después con el derechista MUD y otros partidos conservadores
y de la derecha del continente.
El
presidente del Senado, Patricio Walker (DC), reconoció que fueron “invitados” a
supervisar la elección interna venezolana “principalmente por la oposición” de
derecha y atribuyó un rol de los legisladores chilenos en el proceso de ese
país: “Es importante estar para que se generen los incentivos para que haya una
elección respetuosa y no tengamos reclamos posteriores”.
Esa
acción se suma a la firma de personeros de colectividades como la DC y de otros
partidos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos que
exigieron al gobierno venezolano que los comicios del próximo mes sean
vigilados por representantes de la OEA y la UE. La teoría es que esos
organismos extranjeros permitirían “que todos los venezolanos tengan el mayor
grado de confianza en la integridad del proceso y de los resultados electorales
que éste genere”. Esto le daría a la OEA y la UE un poder por sobre las
instituciones venezolanas.
Respecto
a estas situaciones, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro
Navarro, dijo que se trata de “una falta de respeto y un burdo
intervencionismo” en asuntos internos de Venezuela. Añadió que “resulta
incoherente que legisladores de Estados Unidos y Chile, países que no aceptan
observación electoral en sus propios comicios, le exijan a otra nación que
invite a quienes, por lo demás, no juegan un papel imparcial, pues
permanentemente han demostrado haber tomado la posición de la derecha
internacional”.
La intromisión de la Corte Suprema chilena
En este
marco, la Corte Suprema de Chile, en un dictamen inédito y condenado por
distintos sectores políticos, académicos y juristas, estableció que el Gobierno
chileno debe recurrir a la OEA para que ese organismo visite y revise las
condiciones carcelarias de los dirigentes derechistas Leopoldo López y
Daniel Ceballos, procesados y condenados por la Justicia venezolana por
instigar a la violencia y efectuar acciones de desestabilización del Gobierno
constitucional.
La
Tercera Sala del máximo tribunal judicial chileno emitió la resolución con el
voto de los jueces Pedro Pierry, Carlos Aránguiz y Manuel Valderrama, y el voto
en contra de las juezas Rosa Egnem y María Eugenia Sandoval. No está clara la
motivación o el origen que llevó a esos magistrados a meterse en un tema
venezolano, pero llamó la atención que emitieran su resolución a menos de un
mes de las elecciones parlamentarias en Venezuela.
Hay que
considerar que la Corte Suprema trató el asunto debido a una gestión de un
ciudadano estadounidense, John Benedict, y de la ciudadana chilena María
Villegas, quienes interpusieron el trámite para que se pidiera la gestión de la
OEA, ambos identificados con la derecha de Venezuela.
El
diputado comunista Hugo Gutiérrez, dijo sobre esta decisión que “es un fallo
que avergonzará a Chile a nivel internacional”, porque supone que el Estado sea
parte de una operación política que buscaría desestabilizar al gobierno de
Nicolás Maduro.
Todo esto
se trataría de una verdadera Operación Estorbo, destinada a interferir en la
elección parlamentaria de Venezuela y golpear al Gobierno constitucional de ese
país.
El respaldo al golpe de Estado contra Gobierno de Venezuela
En Chile
hay precedentes graves, como cuando durante el Gobierno de Ricardo Lagos, se
emitió una declaración de respaldo a las fuerzas derechistas y sediciosas que
dieron un golpe de Estado para derrocar al entonces Presidente Hugo
Chávez. En esa oportunidad, en referencia a la administración chavista, el
texto oficial de Chile señaló en una de sus partes que “el gobierno de Chile
lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración
de la institucionalidad democrática, con un alto costo de vidas humanas y
heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta
crisis de gobernabilidad”. En ese entonces, a cargo de la política exterior
chilena estaba la democratacristiana y antichavista, Soledad Alvear.
Cuando
Chávez fue rescatado por la acción de las Fuerzas Armadas y el golpe de Estado
se abortó por la movilización del pueblo venezolano, Lagos y Alvear dieron
marcha atrás y atribuyeron la responsabilidad de la declaración justificando la
asonada militar, al embajador chileno, Marcos Álvarez. Sin embargo, tiempo
después, el diplomático explicó que “a mí no me llamaron ni me consultaron para
este tipo de reacción. Es exclusivamente responsable la Cancillería...”, que
estaba a cargo de Alvear. Añadió que “a mí me cargaron este muertito y nunca me
lo he podido sacar. Ya lo había superado, pero de nuevo viene esta especie de
amargura y los errores me los cargan a mí”.
El
Presidente Chávez diría que “cuando fue el golpe de Estado, el gobierno
(chileno) emitió un comunicado apoyando prácticamente el golpe. Yo me quedé
callado. Reventó la cuerda por lo más delgado: sacaron al embajador. El fue a
despedirse, yo lo recibí, y casi llorando me dijo: ‘Yo soy inocente, cumplí
instrucciones, me están sacrificando a mí’”.
En los
últimos meses se produjeron situaciones que acentuaron las preocupaciones por
la injerencia extranjera en Venezuela. El general John Kelly, del Comando Sur
de las fuerzas militares de Estados Unidos, reconoció que un avión de combate
de ese país violó el espacio aéreo venezolano y se movió por espacio aéreo de
Venezuela durante 3 minutos violando el territorio nacional.
También
se conoció, gracias a documentación proporcionada por Edward Snowden, ex agente
de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que esa entidad
junto a la Central de Inteligencia Americana (CIA), espiaron a unos 10 mil
empleados de Petróleos de Venezuela.
Varios
analistas y académicos han denunciado que en este cuadro de elección
parlamentaria se deben considerar datos como que la Fundación Nacional para la
Democracia (FND) estadounidense entregó entre 2014 y 2015 unos 3 millones de
dólares a organizaciones de la oposición venezolana. La idea principal fue
apoyar campañas comunicacionales. También se denunció en estas semanas que la
Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, incluyó presupuesto para
partidos de derecha de Venezuela.
La
Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el jueves al secretario de
Estado estadounidense, John Kerry, que cese “sus intenciones
intervencionistas” luego de que el funcionario calificara de “problemática” la
situación venezolana. “Secretario @JohnKerry cese sus intenciones
intervencionistas en nuestro país, inadmisibles y violatorias del Derecho
Internacional”, señaló la ministra de Relaciones Exteriores vía Twitter.
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