Agencias./ El general retirado de la Policía Mauricio Santoyo Velasco, cuya
extradición está gestionando la justicia de los Estados Unidos, habría
recibido sobornos de la mafia por cerca de cinco millones de dólares,
según una investigación de las autoridades del país del norte.
Mientras
tanto, el expresidente Alvaro Uribe, quien tuvo a Santoyo como jefe de
seguridad de la Casa de Nariño, le pidió hoy al exoficial y a la misma
Policia Nacional, entregar las explicaciones del caso.
A través de
su cuenta en Twitter, el expresidente Uribe escribiò también que él
siempre respetó las decisiones internas sobre su seguridad que tomó esa
institución.
El general es acusado por las autoridades
norteamericanas de tener conocimiento y ayudar a organizaciones ilegales
a enviar cargamentos de droga hacia Estados Unidos y otras naciones de
Centro América.
El oficial, quien hasta el momento ha guardado
silencio frente a las acusaciones, además de haber recibido sobornos de
los carteles de la droga, es señalado de aliarse con otros policías
corruptos para ayudar en el envío de estupefacientes.
El documento
indica que el alto oficial alertaba a los mafiosos sobre las
operaciones de las autoridades para capturarlos o impedir la ejecución
de sus negocios ilícitos y además entregó a los criminales información
necesaria para secuestrar, extorsionar y asesinar personas.
Según
un artículo del periodista Daniel Coronell en la revista Semana, entre
los cargos, que le formula la Corte Federal del Distrito de Virginia al
general Santoyo está el de asociarse con líderes de las llamadas AUC y
la Oficina de Envigado para traficar toneladas de cocaína a Estados
Unidos, entre 2000 y 2008.
Recuerda que el 7 de agosto de 2002, el
entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco fue nombrado por el recién
posesionado presidente Álvaro Uribe como su jefe de seguridad y agrega:
El
presidente sostuvo a Santoyo en ese puesto contra viento y marea, a
pesar de que la Procuraduría lo destituyó por su participación en
interceptaciones ilegales, efectuadas años antes cuando era comandante
del Gaula en Medellín.
En 2003, el Ministerio Público encontró que
Santoyo y otros subalternos suyos habían efectuado chuzadas sin orden
judicial a casi 2.000 líneas telefónicas y que algunas de esas
interceptaciones habrían contribuido a la desaparición de los activistas
de derechos humanos Claudia Monsalve y Ángel Quintero.
Luego
Coronell señala: “Del 7 de agosto de 2002 al 7 de agosto de 2010,
Santoyo fue un intocable. Ahora lo espera una orden de extradición y un
juicio en Estados Unidos”.
Finalmente advierte que “el caso estuvo
bajo estricta reserva por un tiempo. El ‘Motion to seal’ como se llama
en la justicia americana la orden para mantener la confidencialidad
explica: “La divulgación prematura de los cargos contra el acusado
podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con
Colombia”.
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