JUAN GUAHÁN| Esta vez las cosas no le salieron bien al Comando
Sur. Cuando estaban festejando por la posibilidad de instalar una base
militar en el propio aeropuerto de Resistencia, recibieron la novedad
que ese proyecto no se podría realizar.
El gobernador, Jorge
Capitanich, lo había aprobado, en el marco del “Programa de
Fortalecimiento del Sistema Provincial de Emergencias”, firmado –año
2006- por el Ministerio del Interior y la Embajada norteamericana.
La inauguración de un Centro de Asistencia Humanitaria -cobertura que
el Pentágono le había dado- se iba a realizar a fines del mes pasado.
Pero… no pudo ser. El 2 de abril y el 25 de mayo, dos gigantescas
movilizaciones populares, realizadas en Resistencia, hicieron ver al
gobierno el costo político que pagaría por ese “desliz”. Éste además
contrariaba las políticas seguidas dentro del MERCOSUR, UNASUR y CELAC,
dejando al país en una incómoda situación. Cancillería y Ministerio de
Defensa no permitieron que una Base del Comando Sur norteamericano se
instalara en nuestro país.
El gobierno nacional vetó el ingreso de los equipos tecnológicos
(computadoras, radares, sistemas operativos) que serían utilizados.
Ahora se estudia el modo de devolver los 3 millones de dólares
invertidos en la construcción edilicia. Enhorabuena Capitanich dio una
voltereta en el aire y envío un proyecto de Ley por la que se prohibiría
cualquier colaboración con el Comando Sur y la instalación de fuerzas
extranjeras en territorio provincial. El hecho de haber desbaratado este
intento no puede hacer olvidar la pretensión estadounidense de instalar
bases militares en la región. Su destino -además de “rodear” a Brasil-
es asegurarse el control de recursos estratégicos, en este caso el
Acuífero Guaraní, que comparte nuestro país con Brasil, Paraguay y
Uruguay. Este tema explica el interés y las denuncias norteamericanas
sobre “actividades terroristas” en la triple frontera.
La resistencia de Loncofué
Este pueblo neuquino, con apenas 7 mil habitantes, ya está en la
historia de las luchas populares de los argentinos. De este modo se
reitera lo ocurrido en Esquel (Chubut) hace 9 años. Allí también una
consulta popular impidió ejecutar un mega proyecto aurífero. En este
caso se trató de un referéndum de cumplimiento obligatorio, vinculante,
según lo resolviera el Tribunal Superior de la Justicia Provincial.
Desde el 2008 una empresa China y la provincial de minería estaban
creando las condiciones para explotar cobre, a cielo abierto. Grupos de
vecinos se opusieron a ese tipo de explotación y el domingo pasado se
votó. Había más de 3600 empadronados. Según la resolución judicial se
requería que más del 50% de los votos fuera por la prohibición de ese
tipo de actividad y que votara más de la mitad del padrón. La
participación superó el 72% y el voto por el SÍ -a la prohibición-
alcanzó el 82%. El gobierno provincial presionó, sin éxito, para frenar
la consulta. El oficialismo
del Movimiento Popular Neuquino (MPN) ordenó a sus simpatizantes no ir a
votar. Formas de participación más democráticas se están abriendo paso.
Los trenes y el nuevo ministerio de Transporte
Con las indagatorias a los hermanos Cirigliano y otros directivos de
“TBA”, vinculados a lo ocurrido en Plaza Once, en el mes de febrero,
este juicio parece avanzar. Es importante la prisión ordenada sobre
algunos de ellos. Llama la atención que dicha medida se esté tomando por
“obstrucción a la justicia” y no por su responsabilidad objetiva en
aquellos hechos. De todas maneras es un paso adelante. Es de esperar que
estas medidas sirvan para avanzar en la investigación y que no se
limiten a una cuestión procesal, sin sancionar las responsabilidades de
fondo, que muy probablemente también alcanzarían a funcionarios
estatales.
La Presidenta tomó una medida que aparentemente solo afecta al
organigrama del gobierno. Se trata de pasar la Secretaría de Transporte
al ámbito del Ministerio del Interior, a partir de ahora Ministerio del
Interior y Transporte. Esta medida, que le da mayor peso a Florencio
Randazzo, supone la ratificación sobre el declive de Julio de Vido como
el superministro, que supo ser en los tiempos de Néstor Kirchner. De
Vido fue el ejecutor de la política de transferencia de ingresos a los
sectores del empresariado nacional amigos del gobierno. La caída de
Eskenazzi (YPF) y ahora Cirigliano (TBA) simbolizan el agotamiento de
aquella política. Además Randazzo recibió públicas instrucciones de
constituir, con la Provincia de Buenos Aires (Daniel Scioli) y la Ciudad
de Buenos Aires (Mauricio Macri), un ente que maneje el tema del
transporte del área en su conjunto. Una medida altamente positiva. Si
tenemos en cuenta que la mayor parte de los subsidios nacionales van a
ese sector es fácil concluir que será pretensión del gobierno nacional
que, provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, asuman su cuota
de responsabilidad y parte de esos costos.
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