¿Los Pranes nos expropiaron el uso legítimo de la violencia?

Nicmer Evans./ Uno de los principio fundamentales del Estado moderno, es que éste tiene sentido si garantiza la paz ciudadana haciendo uso legítimo y racional de la fuerza. Vivimos en un Estado asumiendo que ésta es la forma que garantiza la preservación de la vida ante toda violencia irracional. Lo demás son matices del concepto.

 

Es en este sentido imprescindible comprender que aún cuando tengamos el gobierno más amado, o las políticas más humanistas, y la preservación de las mayores garantías en defensa de los Derechos Humanos, un Estado que negocia con quienes expropian el derecho legítimo de la violencia incurre en el riesgo de ser un Estado débil y vulnerable a los ataques de quienes tienen como interés desestabilizar su condición de soberanía.

No sólo es el asunto de las cárceles de nuestro país, son también la inseguridad y la impunidad, elementos que en suma atentan contra la estabilidad de nuestro país y la continuidad del proceso revolucionario y socialista.

No puede haber Estado si quienes controlan las cárceles son los privados de libertad y el gobierno en lugar de resguardar la seguridad de los mismos y hacerles pagar la pena por los delitos cometidos a través de mecanismos de reinserción social y productivamente; negocia para poder simular algún control en las mismas. Pero tampoco hay Estado cuando nuestras calles están llenas de armas ilegales, y el temor diario de los ciudadanos no es ni siquiera que los roben o lo maltraten, sino, llegar vivo a su casa ante el capricho de un delincuente que no sólo expropia la vida y la seguridad, sino, uno de los roles fundamentales del Estado moderno, repito: “El legítimo derecho a la violencia”, para garantizar la paz y el orden.

No sólo nuestra estructura jurídica, sino el temor de ser señalados como violadores de los Derechos Humanos, por quienes los han violado por siglos (la derecha), termina siendo una trampa en la que cae la izquierda para mantener las formas, dejando muchas veces desamparados a quienes son víctimas reales y concretas de aquellos que abusan de la buena voluntad y el humanismo del socialismo.

Sí, lo sé, las causas son estructurales, y la violencia viene por múltiples vías, desde el capitalismo, los medios, la ausencia de educación y valores familiares, etc. y sí, también sé que nuestro gobierno está implementando políticas acertadas para la erradicación del problema estructural: Comisión presidencial para el desarme, Policía Nacional Bolivariana, etc., pero aún nuestras prisiones están bajo el control de los privados de libertad y salimos a las calles con temor que nos maten en el Metro, en una calle o en nuestra casa, esto es una realidad que requiere de acciones más aceleradas, concretas, eficientes, efectivas y aleccionadoras.

La actual indefensión que produce el problema de la violencia delictual en nuestro país, aunque no tiene una traducción electoral en la actualidad, no deja de ser el “Talón de Aquiles” del proceso revolucionario. Ahí nos han atacado, con o sin razón durante 13 años, pero lo más graves es que aunque la percepción de inseguridad es exponencial, la realidad también lo es.

La impunidad, termina siendo el soporte de todo el conflicto, y por ello el rol del Estado a través de un gobierno fuerte es un clamor a gritos que el país implora. Mano dura no es violar los Derechos Humanos, es cumplir con la ley, sin corrupción, sin impunidad y asumiendo la legitimad de la fuerza del Estado para lograr ese objetivo.