Nicmer Evans./ Uno de los principio
fundamentales del Estado moderno, es que éste tiene sentido si garantiza
la paz ciudadana haciendo uso legítimo y racional de la fuerza. Vivimos
en un Estado asumiendo que ésta es la forma que garantiza la
preservación de la vida ante toda violencia irracional. Lo demás son
matices del concepto.
Es
en este sentido imprescindible comprender que aún cuando tengamos el
gobierno más amado, o las políticas más humanistas, y la preservación de
las mayores garantías en defensa de los Derechos Humanos, un Estado que
negocia con quienes expropian el derecho legítimo de la violencia
incurre en el riesgo de ser un Estado débil y vulnerable a los ataques
de quienes tienen como interés desestabilizar su condición de soberanía.
No
sólo es el asunto de las cárceles de nuestro país, son también la
inseguridad y la impunidad, elementos que en suma atentan contra la
estabilidad de nuestro país y la continuidad del proceso revolucionario y
socialista.
No
sólo nuestra estructura jurídica, sino el temor de ser señalados como
violadores de los Derechos Humanos, por quienes los han violado por
siglos (la derecha), termina siendo una trampa en la que cae la
izquierda para mantener las formas, dejando muchas veces desamparados a
quienes son víctimas reales y concretas de aquellos que abusan de la
buena voluntad y el humanismo del socialismo.
Sí,
lo sé, las causas son estructurales, y la violencia viene por múltiples
vías, desde el capitalismo, los medios, la ausencia de educación y
valores familiares, etc. y sí, también sé que nuestro gobierno está
implementando políticas acertadas para la erradicación del problema
estructural: Comisión presidencial para el desarme, Policía Nacional
Bolivariana, etc., pero aún nuestras prisiones están bajo el control de
los privados de libertad y salimos a las calles con temor que nos maten
en el Metro, en una calle o en nuestra casa, esto es una realidad que
requiere de acciones más aceleradas, concretas, eficientes, efectivas y
aleccionadoras.
La
impunidad, termina siendo el soporte de todo el conflicto, y por ello
el rol del Estado a través de un gobierno fuerte es un clamor a gritos
que el país implora. Mano dura no es violar los Derechos Humanos, es
cumplir con la ley, sin corrupción, sin impunidad y asumiendo la
legitimad de la fuerza del Estado para lograr ese objetivo.
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