Nicmer Evans./ Uno de los principio
fundamentales del Estado moderno, es que éste tiene sentido si garantiza
la paz ciudadana haciendo uso legítimo y racional de la fuerza. Vivimos
en un Estado asumiendo que ésta es la forma que garantiza la
preservación de la vida ante toda violencia irracional. Lo demás son
matices del concepto.
Es
en este sentido imprescindible comprender que aún cuando tengamos el
gobierno más amado, o las políticas más humanistas, y la preservación de
las mayores garantías en defensa de los Derechos Humanos, un Estado que
negocia con quienes expropian el derecho legítimo de la violencia
incurre en el riesgo de ser un Estado débil y vulnerable a los ataques
de quienes tienen como interés desestabilizar su condición de soberanía.
No
sólo es el asunto de las cárceles de nuestro país, son también la
inseguridad y la impunidad, elementos que en suma atentan contra la
estabilidad de nuestro país y la continuidad del proceso revolucionario y
socialista.
No
puede haber Estado si quienes controlan las cárceles son los privados
de libertad y el gobierno en lugar de resguardar la seguridad de los
mismos y hacerles pagar la pena por los delitos cometidos a través de
mecanismos de reinserción social y productivamente; negocia para poder
simular algún control en las mismas. Pero tampoco hay Estado cuando
nuestras calles están llenas de armas ilegales, y el temor diario de los
ciudadanos no es ni siquiera que los roben o lo maltraten, sino, llegar
vivo a su casa ante el capricho de un delincuente que no sólo expropia
la vida y la seguridad, sino, uno de los roles fundamentales del Estado
moderno, repito: “El legítimo derecho a la violencia”, para garantizar
la paz y el orden.
No
sólo nuestra estructura jurídica, sino el temor de ser señalados como
violadores de los Derechos Humanos, por quienes los han violado por
siglos (la derecha), termina siendo una trampa en la que cae la
izquierda para mantener las formas, dejando muchas veces desamparados a
quienes son víctimas reales y concretas de aquellos que abusan de la
buena voluntad y el humanismo del socialismo.
Sí,
lo sé, las causas son estructurales, y la violencia viene por múltiples
vías, desde el capitalismo, los medios, la ausencia de educación y
valores familiares, etc. y sí, también sé que nuestro gobierno está
implementando políticas acertadas para la erradicación del problema
estructural: Comisión presidencial para el desarme, Policía Nacional
Bolivariana, etc., pero aún nuestras prisiones están bajo el control de
los privados de libertad y salimos a las calles con temor que nos maten
en el Metro, en una calle o en nuestra casa, esto es una realidad que
requiere de acciones más aceleradas, concretas, eficientes, efectivas y
aleccionadoras.
La
actual indefensión que produce el problema de la violencia delictual en
nuestro país, aunque no tiene una traducción electoral en la
actualidad, no deja de ser el “Talón de Aquiles” del proceso
revolucionario. Ahí nos han atacado, con o sin razón durante 13 años,
pero lo más graves es que aunque la percepción de inseguridad es
exponencial, la realidad también lo es.
La
impunidad, termina siendo el soporte de todo el conflicto, y por ello
el rol del Estado a través de un gobierno fuerte es un clamor a gritos
que el país implora. Mano dura no es violar los Derechos Humanos, es
cumplir con la ley, sin corrupción, sin impunidad y asumiendo la
legitimad de la fuerza del Estado para lograr ese objetivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario