Joan Benach./ En las tres últimas décadas, la “globalización” neoliberal ha producido
una fuerte “reliberalización” de los mercados financieros, una enorme
concentración del poder económico privado, un aumento del control de las
corporaciones sobre los Estados y la tendencia a “limitar” democracias
muy restringidas.
Contrariamente a la retórica conservadora comúnmente
utilizada, los Estados han jugado -y siguen jugando- un papel esencial
en el desarrollo de las políticas neoliberales tal y como muestran las
enormes ayudas económicas destinadas a los rescates financieros, las
reducciones del gasto público y prestaciones sociales, las
privatizaciones de la sanidad y la educación, o el permanente ataque a
las organizaciones y derechos sociales y sindicales. En ese contexto, la
reciente reforma laboral impuesta sin debate público ni negociación
social por el gobierno del PP representa en España una pieza clave en la
profundización de esas políticas.
Aunque el gobierno asegura que es
“un proceso necesario e inevitable”, que es una reforma “equilibrada”
donde ganan empresarios y trabajadores, o que ayudará a los jóvenes a
tener “un horizonte de futuro”. Nada de ello es cierto. En realidad, la
reforma laboral es una opción política e ideológica, que representa una
agresión sin precedentes históricos a los derechos de la población
trabajadora y los jóvenes. El objetivo de la reforma es evidente:
reforzar aún más el poder empresarial y debilitar a sindicatos y
trabajadores a través de abaratar y facilitar los despidos, prescindir
de los convenios colectivos fortaleciendo los “acuerdos” individuales, y
precarizar el mercado laboral. El efecto de todo ello será muy profundo
y de largo alcance, y no sólo por lo que hace a las condiciones
laborales sino también a la salud y calidad de vida. Aunque aún
tardaremos en disponer de las investigaciones que permitan medir su
impacto, el conocimiento actual permite, plausiblemente, anticipar sus
principales consecuencias.
La primera es aumentar el desempleo,
lo cual tiene graves consecuencias para la salud pública. Uno de cada 5
parados europeos vive en el Estado español (5,2 millones) y tanto el PP
como el PSOE estiman que la reforma empeorará la situación hasta
acercarnos a los 6 millones de parados a finales de 2012. El desempleo
no sólo paraliza carreras profesionales, crea miedo y reduce la
autoestima personal, también aumenta el riesgo de padecer problemas de
salud, morir prematuramente o suicidarse. El estrés crónico, por
ejemplo, aumenta el riesgo de padecer depresión y enfermedades
cardiovasculares, y consumir drogas. Cada problema es mucho peor aún en
las familias obreras, los pobres e inmigrantes, y las madres solas con
hijos. La segunda consecuencia es aumentar la precariedad laboral y el
empleo informal. Los cientos de miles de subempleados, trabajadores
sumergidos o informales, y otras múltiples formas de precariedad laboral
(vulnerabilidad, salarios y protección escasa, pocos derechos e
incapacidad de ejercerlos) sufren un fuerte impacto sobre su salud. Ya
en 2005 la precariedad laboral afectaba a casi la mitad de la población
asalariada española alcanzando un 90% en las mujeres obreras,
inmigrantes y jóvenes.
La precariedad y la informalidad tienen un
fuerte impacto negativo sobre la salud y la calidad de vida. La tercera
consecuencia es empeorar las condiciones de trabajo. La reforma aumenta
la flexibilidad interna de las empresas. Es conocido que la inseguridad
laboral crónica empeora la salud física y mental y aumenta el número de
visitas médicas. La distribución irregular de la jornada de trabajo, en
especial el trabajo a turnos o la prolongación de la jornada, aumentan
la fatiga, los accidentes, las enfermedades, los trastornos del sueño y
la conciliación de la vida familiar. Todo ello aumentará los riesgos
laborales, las enfermedades y accidentes de trabajo y el riesgo de
muerte prematura. La cuarta consecuencia es reducir la participación en
salud laboral. Numerosos estudios muestran la estrecha relación
existente entre una mayor participación de los trabajadores (en sus
diversas formas de representación y con los delegados de prevención) y
un mayor nivel de salud. Debilitar los convenios colectivos y fortalecer
los “acuerdos” individuales en las empresas debilita la participación
sindical y la posibilidad de reducir los riesgos laborales y aumentar la
salud laboral. La quinta consecuencia es fomentar el “presentismo”
laboral, es decir, la presencia de trabajadores en sus puestos de
trabajo aún y estando enfermos a causa del miedo al despido y la
precariedad. El presentismo, más frecuente en colectivos con
dificultades para hacer valer sus derechos, ha aumentado en los últimos
años en España, lo que conlleva que muchos trabajadores pasan más horas
de las establecidas en sus puestos de trabajo. Dado que faltar al
trabajo puede suponer ser despedido con más facilidad, ahora el
trabajador casi no tendrá ni el derecho a “ponerse enfermo”. Todo ello
aumenta el número de errores y riesgos, deteriora la salud y empeora el
bienestar y la vida familiar. La última consecuencia será aumentar la
pobreza y la desigualdad. El desempleo, la precariedad y la reducción de
salarios aumentan el número de “trabajadores pobres” y la desigualdad
social. Además, también empeora la situación de quienes trabajan, en
quienes aumenta la inseguridad y la presión para aceptar reducir sus
salarios. Tanto la pobreza como la desigualdad social son determinantes
sociales fundamentales que influyen negativamente en la salud y el
aumento de desigualdades en salud.
En el actual contexto de
crisis económica capitalista, la puesta en práctica de la reforma
laboral significa un enorme paso atrás que no sólo empeora las
condiciones sociales, de empleo y trabajo, sino que tiene graves
consecuencias que perjudicarán muy negativamente la salud de las
personas y de las familias.
Joan Benach es profesor de Salud
Pública en la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Toronto.
Miembro del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud
(Greds-Emconet, UPF)
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