jueves, 8 de septiembre de 2011

Magisterio español anuncia tres días de protestas en defensa de la educación pública

Los sindicatos de la enseñanza pública en España anunciaron este jueves tres jornadas de protestas los próximos días 14 o 15, 20 de septiembre y 22 de octubre para rechazar los recortes presupuestarios en la educación puestos en marcha por el Estado y las autonomías de la nación europea. Los manifestantes descartan convocar una huelga general porque por ahora el ajuste no afecta a todas las comunidades independientes.
La primera protesta será el día 14 o 15 de septiembre, en forma de concentración ante el Ministerio de Educación de España, coincidiendo con la conferencia sectorial en la que estarán presentes los consejeros de Educación de la nación.

Para el día 20 de septiembre, se van a convocar manifestaciones en todas las provincias, que coincidirán con la inauguración oficial del curso escolar por el Rey.

El 22 de octubre próximo se realizará una "gran manifestación" en Madrid (capital) en contra de estos recortes, considerados por el sindicato de la educación como “los más importantes en la historia de la democracia" en España.

En un comunicado, los sindicatos indicaron que "es obligado significar la educación pública y defender de ciertas amenazas que en nuestro país pueden acabar relegándola a un papel secundario que no garantiza la igualdad de oportunidades".

Además, resaltaron que "las administraciones públicas no dan a la educación la importancia que se merece".

En rueda de prensa, José Campos, representante de uno de los cinco sindicatos del sector, afirmó que las medidas adoptadas por algunas administraciones “representan el mayor recorte educativo y financiero de la democracia”.

“Estamos ante la mayor agresión social que se puede hacer a la política educativa de un país”, agregó.

El recorte presupuestario en educación ronda los dos mil millones de euros (dos mil 795 millones de dólares), denunciaron los docentes, tras alertar que los ajustes emprendidos en Madrid, Galicia (noroeste), Castilla-La Mancha (centro) y Navarra (noreste), regiones gobernadas por el derechista Partido Popular (PP), dejarán sin empleo a unos 15 mil profesores interinos, además de repercutir negativamente en la calidad de la enseñanza.
"Locura neoliberal"

A principios de esta semana, la coalición española Izquierda Unida (IU) calificó de “locura neoliberal” el recorte de los presupuestos docentes.

El líder de IU, Cayo Lara, se refirió en concreto al “tijeretazo” promulgado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, a quien acusó de “privilegiar la enseñanza privada en detrimento de la pública”.

Lara denunció que Aguirre, del PP, ataca a los profesores al incrementarles de 18 a 20 las horas lectivas semanales, en un momento en el que, recordó, las cifras de fracaso escolar alcanzan al 30 por ciento del alumnado.
Este miércoles, bajo el lema “Por una escuela pública de todos y para todos” miles de educadores, alumnos y padres manifestaron frente a la sede de la Consejería de Educación de Madrid para protestar contra los ajustes, que afectarán principalmente a la etapa secundaria.

En Madrid, las instrucciones de inicio de curso aprobadas el pasado julio suponen dejar fuera de los institutos madrileños a más de tres mil docentes interinos (sin plaza), según estimaciones de los sindicatos. Según la Consejería de Educación, que no ofrece un dato concreto, la cifra “debe de ser menor” porque el curso pasado sólo se contrató a mil 700.

Sindicatos, docentes e inspectores alertan que el recorte tendrá consecuencias en la calidad de la enseñanza pública porque supondrá, entre otros perjuicios, menos tiempo para preparar las clases, conllevará la pérdida de recursos para la orientación educativa e impedirá dividir a los alumnos de una clase en dos grupos en las materias de inglés o lengua, los llamados desdobles.
Los maestros exigen al Gobierno español la aplicación de “medidas eficaces para superar los elevados porcentajes de abandono y fracaso escolar”; el reconocimiento del ejercicio de enseñanza como “principal activo de cualquier sistema educativo” y la garantía del “derecho a un empleo digno a todo el colectivo de los trabajadores y trabajadoras de la educación”.
 

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