Néstor García Iturbe./ Cada diez años y con anterioridad a que se efectúen las elecciones, se realiza el análisis de los distritos congresionales, con el fin de tomar en consideración el aumento y o la disminución de la población y poder determinar cuáles son las áreas que formarán parte del mismo. (foto)
Hasta aquí todo parece muy normal y justo. Sin embargo, la redistribución de los distritos congresionales es de suma importancia para garantizar que los resultados electorales beneficien a uno u otro candidato.
Regularmente el Estado nombra un grupo de “especialistas” que se encargan de realizar esta actividad y que minuciosamente van distribuyendo el distrito. Estas personas determinarán cuantos latinos deben residir en el distrito, cuantos negros o de otras minorías, cuántos de los electores están inscritos como Demócratas y cuantos como Republicanos.
Si el número de personas que viven en las distintas partes del Estado aumentó desde el último conteo, entonces es posible que el Estado se haya ganado el derecho a incrementar el número de personas que lo “representen” en el Congreso.
Si el aumento fuera, por ejemplo, por la cantidad de latinos, eso no quiere decir necesariamente que los latinos tendrán un distrito congresional donde serán mayoría y podrán tener un representante en Washington. Los “especialistas” asegurarán que esto no suceda y que las fuerzas tradicionales dentro de los partidos Demócrata o Republicano del Estado sean las que se disputen el distrito. En definitiva las propuestas que realicen los “expertos” serán aprobadas por un juez y después de eso, no hay nada que hacer hasta dentro de diez años.
De acuerdo con el aumento en la población de origen latino, que ahora representa el 16 por ciento de la de Estados Unidos, es importante seguir de cerca la redistribución de los distritos congresionales que se realice en los Estados donde se han puesto de manifiesto los mayores incrementos, que son Nevada, Arizona, California, Florida, Illinois, Texas, Carolina del Norte y Georgia.
Muchas organizaciones que representan los intereses de los latinos han comenzado a protestar por la forma en que se han redistribuido los distritos, tanto en los Estados controlados por los Demócratas como aquellos controlados por los Republicanos. Al parecer existe una total coincidencia en los militantes de ambos partidos, de que el poder nunca podrá estar en las manos de un latino.
En algunos estados, como en Illinois, la táctica ha sido dividir a latinos y negros y ponerlos a pelear entre ellos por el control de los distritos, lo que al final resultará en la legalización del beneficio para la clase social que siempre ha tenido el poder en sus manos. Todo esto se realiza violando totalmente la Ley de los Derechos del Votante de 1965.
Regularmente, para ahogar los intereses de las minorías, los Demócratas y Republicanos se ponen de acuerdo y se reparten entre ellos el control de los distritos, acorde con el número de afiliados que cada uno tiene y distribuyen los votantes procedentes de las minorías de forma tal que nunca tengan mayoría en distrito alguno.
Los políticos tradicionales en sus campañas tratan de convertirse en defensores de los intereses de los latinos y otras minorías, con el fin de atraer el voto de estos.
En ocasiones, cuando algún miembro de las minorías se identifica totalmente con los políticos tradicionales, o sus intereses económicos alcanzan un nivel que responde a los mismos intereses del resto de la clase dominante, entonces se permite que este ocupe un cargo de importancia en el gobierno, ya sea como Representante, algunos como Gobernador, quizás como Senador, e inclusive pudiera darse el caso de que le permitan llegar a Presidente.
