Abogados de las víctimas de la masacre de Yumare, hecho en el que fueron asesinados nueve venezolanos en 1986, insistieron hoy en la extradición de exdirigentes vinculados con el caso, reporta PL- (foto)
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| Jaime Lusinchi |
Así lo afirmó el letrado Adam Navas Nieves a Venezolana de Televisión, a propósito del juicio que se inició recientemente contra el general retirado Alexis Ramón Sánchez Paz, primer condenado por estos hechos.
“El juicio continúa. Hay más solicitados y nosotros insistiremos en la extradición de Jaime Lusinchi (expresidente) y Henry López Sisco (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención) entre otros que saldrán imputados”, señaló el abogado.
El asesino y torturador de la antigua DISIP López Sisco se encuentra asilado en Costa Rica mientras el ex presidente Jaime Lusinchi se beneficia de la protección norteamericana en Miami.
Navas, quien representa a los familiares de las víctimas, explicó que el 8 de mayo de 1986 fueron masacradas nueve personas por tener un concepto político diferente al del gobierno de entonces.
“En el expediente y en el proceso hay 51 imputados, pero el general Sánchez asumió responsabilidad ante el hecho”, aseveró.
El letrado aprovechó para reflexionar sobre los distintos mecanismos utilizados por el actual gobierno del presidente, Hugo Chávez y las administraciones anteriores.
“Esto es un mensaje a la juventud de que la diferencia radica en que entonces había persecución y se practicaba la cultura de la muerte. Ahora eso no existe. Hay libertad para que todos puedan expresar lo que entiendan”, concluyó.
Al término del intercambio, Navas calificó de hito el proceso y la sentencia, pues es la primera vez que un imputado acepta la participación de otros funcionarios en un caso similar.
El viernes último, el Tribunal 6 de Control de Yaracuy, lugar donde ocurrieron las muertes, dictó sentencia condenatoria contra el general retirado, luego que reconoció haber recibido órdenes del gobierno de entonces.
Sánchez Paz declaró que desde el Ministerio de Defensa le indicaron torturar y asesinar a balazos a nueve dirigentes sociales.
Dilia Antonia Rojas, Alfredo Caicedo, Ronald José Morao, José Rosendo Silva, Luis Rafael Guzmán, Pedro Pablo Jiménez, Nelson Castellanos, Simón José Romero y Rafael Quevedo Infante, fueron las víctimas de la masacre.
La acusación contra Sánchez Paz, quien era coronel en el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009.
También fueron acusados entonces Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega, exfuncionarios de la desaparecida Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención.
