Los manifestantes exigen al gobierno peruano una ordenanza que prohíba las concesiones mineras y petroleras en el territorio.
Voceros de las organizaciones sociales alertan sobre los efectos negativos y contaminantes de las actividades petroleras y mineras.
La decisión del mandatario Alan García, reseñó la agencia Andes, fue publicada a través de la resolución Suprema Nº 191-2011 del ministerio de Defensa.
De acuerdo con García, esta decisión responde a la necesidad de "garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos" en la región Puno.
La medida que entra en vigencia este lunes y finaliza el 11 de junio implica la intervención militar en las manifestaciones con el supuesto objetivo de “resguardar puntos críticos para el normal desarrollo de las actividades de la población”.
El mandatario reseñó además que la medida "busca normalizar" todas las actividades comerciales de cara a la segunda vuelta electoral a la Presidencia de Perú, que disputarán el venidero 5 de junio el nacionalista Ollanta Humala y la derechista Keiko Fujimori.
"La intervención de las Fuerzas Armadas (...) no implica en modo alguno restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, las leyes y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos de los que el Perú es parte", concluye el decreto.
